Riachuelo y poder: contaminación y corrupción

Por Eduardo Soler

Otra noticia que no es noticia: el Riachuelo sigue contaminado. Hace ya más de un año que se conoció el dictámen de la Corte Suprema que ordena ejecutar un plan de saneamiento para la Cuenca; hace ya más de tres años que comenzaron las audiencias judiciales; y hace más una década de la promesa de los mil días de María Julia.



¿Qué es lo que hace casi imposible limpiar al Riachuelo? Una respuesta podría ser la complejidad de la problemática, luego de tanto tiempo de vertidos industriales de diverso tipo y de residuos domiciliarios que fueron a parar al río. Sin embargo, como dijo un personaje desde la sabiduría popular, el Riachuelo se puede purificar solito, sólo habría que... dejar de contaminarlo.


Y si no podemos firmar esta declaración, sí sabemos que este es el primer paso. Así llegamos, nuevamente, a la concentración de intereses en torno al Riachuelo. Del lado empresarial, hay muchos, por seguir produciendo a bajo costo, en detrimento de la salud ambiental. Del lado gubernamental, también, porque la estructura burocrática que se genera para enfrentar tal desafío, implica un fuerte riesgo de mala gestión y de corrupción de los deberes del funcionario público.

Las novedades. Por diversos motivos, el Riachuelo volvió a los grandes titulares. Por caso, alcanzó trascendencia pública que el 96,4 por ciento de los habitantes de la cuenca está en riesgo sanitario. Lamentablemente, la noticia aquí sería buscar a ese 3,6 por ciento que no sufre enfermedades típicas asociadas a la contaminación, como asma o plombemia, entre otros transtornos respiratorios o sanitarios.

Con este informe oficial del Ministerio de Salud, se deja saldada una vieja demanda de la Asociación de Vecinos de la Boca. Claro, ahora hace falta actuar en consecuencia. Esto es lo que permite hablar de sufrimiento ambiental, y también de discriminación territorial. Porque nunca está de más denunciar el claro vínculo entre las consecuencias de la pobreza y las consecuencias de la contaminación.

Tema político. Medio&Medio focalizó en el conflicto político: la competencia por el protagonismo que genera limpiar el Riachuelo y la gran proeza que sería lograr su saneamiento. En ComAmbiental ya lo habíamos mencionado luego de que el PRO asumió la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, en un entorno político kirchnerista. Lo cierto es que, por ahora, la lucha resulta por ser quién tiene menos culpabilidad en la falta de soluciones, diagnóstico mencionado en un reciente artículo de Greenpeace.

A su vez, Critica puso hoy en cuestión el nombramiento de un funcionario del Ministerio de Planificación de la Nación. Se trata de Alberto Daniel García. El trasfondo del asunto está explicado en el artículo, pero lo que nos interesa a nosotros es la siguiente confirmación: la acumulación de poder conlleva el peligro de la corrupción. También en ComAmbiental señalamos varias veces la interna gubernamental entre el Ministerio de Planificación y la Jefatura de Gabinete/Secretaría de Ambiente.

Concentración. La Secretaría de Ambiente informó a principios de mes que este año la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) ejecutará un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos; en parte, gracias a un nuevo crédito del Banco Mundial, del 2009. También por esto, desde la lógica política, existen expectativas en el tema.

Se supone, así, que esta concentración de poder y de estructura administrativa tiene sentido para enfrentar una concentarción aún más grande, como es el enclave empresarial en torno al Riachuelo. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales sigue de cerca el monitoreo a las industrias, y destacó que 67 de ellas ya fueron declaradas como "agentes contaminantes". Por supuesto, es fuente de grandes presiones quedar por fuera de esta lista.

¿Política ambiental? Lo cierto es que aún hoy, a más de un año del cambio en la Secretaría de Ambiente, de Romina Picolotti a Homero Bibiloni, mucho no ha cambiado. El Medio Ambiente en Argentina sigue sin ser una política de Estado, más allá de los discursos y de los esfuerzos por cumplir con el dictámen de la Corte Suprema. Y con las multas a cuestas.

"A tres años de su creación, ACUMAR no ha logrado responder a las expectativas depositadas en ella", concluye un informe de las organizaciones de la sociedad civil presentado en diciembre de 2009. Se había advertido desde el inicio mismo de la creación de la Autoridad: no se establecieron los mecanismos suficientes para la participación ciudadana. Y este es un factor clave para cualquier política ambiental, que quiera enfrentar con sinceridad la acumulación de poder, y sus consecuencias de contaminación y corrupción.

Fuente de la imagen: Asociación de Vecinos de la Boca.