Para la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la República de Uruguay violó los procedimientos formales pero no con las obligaciones sustantivas que impone el Estatuto del Río Uruguay firmado por dicha nación con la República Argentina en 1975. De esta manera, el Tribunal no consideró que la pastera Orion de la Corporación Botnia contamine el curso de agua y, con esta perspectiva, no ordenó su cese de actividades o su traslado, como pretendía la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú.
La controversia internacional comenzó en el 2004 cuando Uruguay, como ahora está comprobado, autorizó de forma unilateral la construcción de la planta de celulosa de Ence -que luego se detuvo- y se agravó un año después con el permiso para instalar Botnia, ambas en las costas de Fray Bentos. Esto motivó el fuerte rechazo de la Asamblea de Gualeguaychú, comunidad ubicada sobre la margen opuesta del río, que a través de su lucha -que incluyó el polémico corte del Puente Internacional-, logró la nacionalización y la mediatización de la problemática.
El espíritu del fallo. Si bien existe mucho que analizar aún, en general la Corte de Justicia de La Haya dependiente de la ONU, realizó un análisis jurídico del Estatuto del Río Uruguay centrado en el derecho internacional. Sin embargo, el fallo no ahondó en los avances del derecho ambiental con el argumento de que el documento de 1975 nos los incluye, por ejemplo referidos al impacto visual y los malos olores, y desestimó el principio de precaución sobre los posibles daños irreversibles que pueda ocasionar una pastera de tal magnitud en el ecosistema acuático.
Como antecedente, en julio de 2007, la Corte de La Haya había desestimado el recurso argentino para que se detenga la construcción de Botnia, que entró en funcionamiento en noviembre de ese año, pero mantuvo aún la expectativa de desmantelar la planta si Argentina podía demostrar que existía la contaminación. Sin embargo, el Tribunal no encontró hoy que esto sucediera, en medio de la polémica por la inversión de la carga de la prueba y los datos que aportó la Comisión Financiera Internacional en favor de Botnia, basándose en distintos documentos internacionales según cada acusación puntual.
Algunas repercusiones. Para la representación argentina, encabezada por la embajadora Susana Cerrutti, el resultado es favorable para los intereses del país, ya que "a partir de esta sentencia, no va a haber más instalaciones inconsultas y unilaterales por parte de Uruguay". Por su parte, Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación, expresó: "Tenemos un fuerte compromiso de trabajar desde la CARU" (Comisión Administradora del Río Uruguay) a través de la cooperación internacional y el monitoreo conjunto.
Los funcionarios coincidieron en que el fallo recoge la lucha del pueblo de Gualeguaychú, ya que ahora "tienen la tranquilidad de que no se instalarán nuevas plantas de celulosa", como ya en el 2006 Ence decidió trasladarse ante el rechazo social. Sin embargo, los pobladores reunidos para escuchar la sentencia fueron muy críticos y las primeras opiniones hablaban de que la lucha se va a intensificar, aunque aún resta que se realice una asamblea donde se decidan los pasos a seguir en el futuro inmediato.
Perspectiva histórica. Ya en nuestro primer artículo publicado en ComAmbiental, en febrero del 2006, nos preguntábamos: "Papeleras: ¿el medio ambiente en los grandes titulares?" y llamamos a reflexionar sobre las diferencias entre la lógica política y la lógica ambiental. En lo que luego llamamos "Efecto Papeleras", opinamos que la mediatización del conflicto ambiental no siempre es positiva, en la medida en que el sistema de medios se alimenta del sensacionalismo, que en este caso estaba dado por la nacionalización del conflicto en el enfrentamiento diplomático entre Argentina y Uruguay.
En este punto, la Asamblea de Gualeguaychú llevó adelante esta estrategia a través del corte del Puente San Martín, que sirvió para instalar la temática bajo la lógica mediática - política, pero cuya continuidad cerró la posibilidad de un solución basada en el diálogo. Y no nos referimos a la controversia diplomática, que ahora cierra su capítulo en La Haya, sino al diálogo entre los pueblos de Gualeguaychú y de Fray Bentos, que son quienes habitan el territorio compartido, porque el río une a través del concepto de Cuenca.
¿Qué desarrollo? Queda, en definitiva, el debate pendiente por el modelo de desarrollo regional, en el que el rol de las industrias pasteras también se analice con la producción y el consumo de papel en nuestros países. Sin embargo, la perspectiva no es buena, ya que la comunicación entre los pueblos se encuentra totalmente interrumpida, por la misma estrategia de la nacionalización cristalizada en el corte de ruta, que los gobiernos argentino y uruguayo tradujeron en la judicialización del conflicto, que hoy parece resolver el fallo de la Corte de la Haya.
Por supuesto, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú quedará en la historia argentina por haber impulsado con fuerza la consideración de la temática ambiental por los medios y el gobierno, a través de una capacidad de movilización que volverá a verse este domingo. Pero se trata también de una situación muy compleja, donde su postura dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tuvo idas y venidas en relación con la convivencia respecto al modelo sojero en Entre Ríos, en el debate aún pendiente sobre qué formas de producción y consumo queremos para nuestra región.
Cómo continuará el conflicto vuelve a estar en manos, más que nunca, de la Asamblea de Gualeguaychú.
Ver también:
-El fallo de la Corte de Justicia Internacional de La Haya (en inglés).
-Después de Botnia, reflexiones para un modelo socioambiental. Escrito en noviembre del 2007, y luego del fallo de La Haya que aún esperábamos, todavía se mantiene vigente el debate planteado.
Fuente de la imagen: Corte Internacional de Justicia.
La controversia internacional comenzó en el 2004 cuando Uruguay, como ahora está comprobado, autorizó de forma unilateral la construcción de la planta de celulosa de Ence -que luego se detuvo- y se agravó un año después con el permiso para instalar Botnia, ambas en las costas de Fray Bentos. Esto motivó el fuerte rechazo de la Asamblea de Gualeguaychú, comunidad ubicada sobre la margen opuesta del río, que a través de su lucha -que incluyó el polémico corte del Puente Internacional-, logró la nacionalización y la mediatización de la problemática.
El espíritu del fallo. Si bien existe mucho que analizar aún, en general la Corte de Justicia de La Haya dependiente de la ONU, realizó un análisis jurídico del Estatuto del Río Uruguay centrado en el derecho internacional. Sin embargo, el fallo no ahondó en los avances del derecho ambiental con el argumento de que el documento de 1975 nos los incluye, por ejemplo referidos al impacto visual y los malos olores, y desestimó el principio de precaución sobre los posibles daños irreversibles que pueda ocasionar una pastera de tal magnitud en el ecosistema acuático.
Como antecedente, en julio de 2007, la Corte de La Haya había desestimado el recurso argentino para que se detenga la construcción de Botnia, que entró en funcionamiento en noviembre de ese año, pero mantuvo aún la expectativa de desmantelar la planta si Argentina podía demostrar que existía la contaminación. Sin embargo, el Tribunal no encontró hoy que esto sucediera, en medio de la polémica por la inversión de la carga de la prueba y los datos que aportó la Comisión Financiera Internacional en favor de Botnia, basándose en distintos documentos internacionales según cada acusación puntual.
Algunas repercusiones. Para la representación argentina, encabezada por la embajadora Susana Cerrutti, el resultado es favorable para los intereses del país, ya que "a partir de esta sentencia, no va a haber más instalaciones inconsultas y unilaterales por parte de Uruguay". Por su parte, Homero Bibiloni, secretario de Ambiente de la Nación, expresó: "Tenemos un fuerte compromiso de trabajar desde la CARU" (Comisión Administradora del Río Uruguay) a través de la cooperación internacional y el monitoreo conjunto.
Los funcionarios coincidieron en que el fallo recoge la lucha del pueblo de Gualeguaychú, ya que ahora "tienen la tranquilidad de que no se instalarán nuevas plantas de celulosa", como ya en el 2006 Ence decidió trasladarse ante el rechazo social. Sin embargo, los pobladores reunidos para escuchar la sentencia fueron muy críticos y las primeras opiniones hablaban de que la lucha se va a intensificar, aunque aún resta que se realice una asamblea donde se decidan los pasos a seguir en el futuro inmediato.
Perspectiva histórica. Ya en nuestro primer artículo publicado en ComAmbiental, en febrero del 2006, nos preguntábamos: "Papeleras: ¿el medio ambiente en los grandes titulares?" y llamamos a reflexionar sobre las diferencias entre la lógica política y la lógica ambiental. En lo que luego llamamos "Efecto Papeleras", opinamos que la mediatización del conflicto ambiental no siempre es positiva, en la medida en que el sistema de medios se alimenta del sensacionalismo, que en este caso estaba dado por la nacionalización del conflicto en el enfrentamiento diplomático entre Argentina y Uruguay.
En este punto, la Asamblea de Gualeguaychú llevó adelante esta estrategia a través del corte del Puente San Martín, que sirvió para instalar la temática bajo la lógica mediática - política, pero cuya continuidad cerró la posibilidad de un solución basada en el diálogo. Y no nos referimos a la controversia diplomática, que ahora cierra su capítulo en La Haya, sino al diálogo entre los pueblos de Gualeguaychú y de Fray Bentos, que son quienes habitan el territorio compartido, porque el río une a través del concepto de Cuenca.
¿Qué desarrollo? Queda, en definitiva, el debate pendiente por el modelo de desarrollo regional, en el que el rol de las industrias pasteras también se analice con la producción y el consumo de papel en nuestros países. Sin embargo, la perspectiva no es buena, ya que la comunicación entre los pueblos se encuentra totalmente interrumpida, por la misma estrategia de la nacionalización cristalizada en el corte de ruta, que los gobiernos argentino y uruguayo tradujeron en la judicialización del conflicto, que hoy parece resolver el fallo de la Corte de la Haya.
Por supuesto, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú quedará en la historia argentina por haber impulsado con fuerza la consideración de la temática ambiental por los medios y el gobierno, a través de una capacidad de movilización que volverá a verse este domingo. Pero se trata también de una situación muy compleja, donde su postura dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) tuvo idas y venidas en relación con la convivencia respecto al modelo sojero en Entre Ríos, en el debate aún pendiente sobre qué formas de producción y consumo queremos para nuestra región.
Cómo continuará el conflicto vuelve a estar en manos, más que nunca, de la Asamblea de Gualeguaychú.
Ver también:
-El fallo de la Corte de Justicia Internacional de La Haya (en inglés).
-Después de Botnia, reflexiones para un modelo socioambiental. Escrito en noviembre del 2007, y luego del fallo de La Haya que aún esperábamos, todavía se mantiene vigente el debate planteado.
Fuente de la imagen: Corte Internacional de Justicia.
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